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España transita, al igual que todo el globo, por los inicios de la mayor crisis económica y social tras la II Guerra Mundial, fruto de la expansión territorial del virus COV-19 y de las políticas de confinamiento necesarias para doblegar la enfermedad. La hibernación de la economía, aún a pesar de todas las políticas de acompañamiento a través de avales y coberturas temporales al desempleo, no salvarán completamente todo el tejido productivo y las medidas de distancia social, que se mantendrán de algún modo a medio plazo, forzarán reestructuraciones de importantes sectores de actividad, especialmente en nuestro país. Estamos, pues, ante un reto hercúleo y en todo este marasmo debemos preguntarnos qué está haciendo la Unión Europea para superar esta situación.

En primer lugar, la Comisión Europea ha movilizado fondos europeos, en el último año del presente presupuesto (2014-20), para crear un fondo de respaldo a los Estados miembros para la compra de material sanitario y apoyo a la investigación científica por 37.000 millones de euros. Además, ha revisado el funcionamiento de todos los fondos estructurales para ponerlos a disposición de los Estados con toda la flexibilidad necesaria para adecuarlos a la crisis sanitaria. Ha sido, pues, una primera medida de urgencia destinada a fortalecer los sistemas sanitarios de los Estados miembros.

En segundo lugar, la Comisión ha propuesto la creación de un fondo con capacidad de endeudamiento en los mercados de hasta 100.000 millones de euros con el objetivo de ayudar en los esfuerzos financieros de los sistemas de seguridad social en las políticas de desempleo. El Eurogrupo y el Parlamento ya han anunciado su apoyo a esta iniciativa y es cuestión de semanas que esté en funcionamiento. De este modo, empresas y desempleados temporales deben conocer que el alivio en sus costes laborales y el mantenimiento de las rentas de los trabajadores contará con el respaldo de Europa, sosteniendo financieramente los sistemas nacionales de Seguridad Social.

En segundo lugar, el Banco Europeo de Inversiones, con apoyo de la Comisión, del Eurogrupo y del Parlamento, ha anunciado también la puesta en marcha de un nuevo modelo de cobertura de garantías y avales a las empresas por más de 200.000 millones de euros. De este modo, las empresas que estos días están negociando avales con sus entidades financieras, apoyadas por el Instituto de Crédito Oficial, deben saber también que, tras las instituciones españolas, el BEI asumirá una buena parte de los riesgos financieros derivados de esas garantías, amplificando la capacidad de actuación sobre la economía real.

Por último, los Estados europeos han acordado preparar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para ofrecer de manera inmediata más de 200.000 millones de euros a disposición de los gobiernos nacionales para cubrir los gastos directos e indirectos derivados del COV-19 con créditos a muy largo plazo, bajos intereses y sin condicionalidad macroeconómica.

En la misma línea, pero con mayor capacidad de fuego, el Banco Central Europeo comprará hasta final de año 120.000 millones de euros bajo su programa de compra de deuda pública y privada (APP) y 750.000 millones adicionales en el novedoso programa para la pandemia. A través de ambos instrumentos, el BCE facilitará la llegada de liquidez a los Estados, pero también a todo el tejido empresarial europeo. Y bajo la misma lógica, el BCE ha adecuado los requerimientos de capital contra-cíclicos de las entidades bancarias para facilitar el flujo de financiación junto a la revisión de algunas normas contables en la misma dirección.

Es importante destacar que, a excepción de las políticas del BCE, el resto de medidas se implementan a través de los Estados y no son directamente ejecutadas por las instituciones comunitarias. La UE pone a disposición de los Estados financiación para los sistemas sanitarios, asunción de avales y garantías para las empresas, y cobertura de gastos de desempleo para las seguridades sociales, manteniendo rentas en los trabajadores, pero aliviando también los costes empresariales. Sin embargo, probablemente, ni las empresas ni los trabajadores ven fácilmente a la Unión Europea detrás del apoyo que reciben a través de las instituciones nacionales, o regionales en nuestro país.

Finalmente, la agenda de actuación de la UE está pendiente del diseño de un plan de recuperación tras las crisis sanitarias. Todas las medidas previas están dirigidas a la lucha contra la pandemia y a respaldar las políticas de hibernación, pero como señalaba al inicio del artículo, tras el shock sanitario no todo volverá a donde estaba previamente, y la pérdida de tejido productivo o la necesidad de reestructurar sectores necesitará de un respaldo adicional. Sin embargo, el volumen de deuda pública acumulada en estos meses impedirá que algunos países puedan financiar programas adicionales de inversión, a riesgo de sucumbir a nuevas crisis soberanas.

Por ello, el debate se sitúa ahora en el diseño de un plan de recuperación comunitario, en una cuantía financiera del entorno de 1,5 billones de euros. Y para alcanzar ese volumen de financiación, será necesario encontrar vías de apalancamiento sobre el propio presupuesto comunitario 2021-27, que se está negociando en estos momentos. Mantengamos, pues, la presión sobre las instituciones comunitarias, especialmente sobre los gobiernos nacionales que son los principales contribuyentes del presupuesto de la Unión para contar con financiación directa necesaria para reimpulsar la actividad económica tras esta crisis sanitaria.

Seguimos trabajando.

Jonás Fernández   

Diputado al Parlamento Europeo, S&D