No es cuestión de emisiones, es cuestión de inversiones
La repercusión en la competitividad de nuestra industria regional del programa de reducción de emisiones de la UE
El cambio climático es un tema de vital importancia que requiere una atención constante. Nos despertamos esta semana con tres noticias que, a pesar de su enorme repercusión, han pasado desapercibidas y nos hacen plantearnos si las estrategias gubernamentales afectaran a nuestro sector industrial, con especial preocupación en Asturias.
Por un lado, el Parlamento Europeo aprobó la normativa comunitaria que fija nuevas normas para reducir las emisiones contaminantes de la industria en la Unión Europea, incluidas las que generan la minería y la ganadería intensiva de aves y porcino. La nueva legislación ajustará ciertos umbrales para la cría de animales y afecta también a la extracción y tratamiento de minerales no energéticos producidos a escala industrial.
Por otro, también el Parlamento Europeo aprobó la normativa europea que exigirá que los nuevos edificios que se construyan en la Unión Europea a partir de 2030 sean de cero emisiones, obligación que se adelanta a 2028 para los inmuebles públicos. La Comisión estima que los veintisiete necesitarán 275.000 millones de euros al año de aquí a 2030 para renovar el parque de edificios.
Como consecuencia de esta agenda climática, Alemania empieza a plantearse la necesidad de proteger a su industria. Así, ayer conocíamos que el Gobierno alemán ha desarrollado un programa de apoyo, dotado inicialmente con 4.000 millones de euros, para que las empresas intensivas en energía reduzcan sus emisiones de C02 a través de una transformación de sus formas de producción.
El programa se basa en los Contratos para la Protección del Clima a través del cual el Estado compensa los costes adicionales que tienen las empresas en la transformación de sus instalaciones. Con estos contratos se apoya instalaciones industriales compatibles con la protección del clima.
En Asturias, en 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ascendieron a 19,5 Mt de CO2. Hasta el año 2019, las emisiones de GEI del Principado de Asturias han disminuido un 44,8 % mientras que el PIB regional ha crecido el 19,8 %. Este desacoplamiento entre emisiones y PIB parece consolidarse, intensificándose a medida que pierde peso la contribución a las emisiones de la generación de energía.
Así, el sector industrial es el que aporta el mayor volumen de emisiones de GEI en Asturias, sumando el 36,4 % de las emisiones de 2020. El 25,1 % de las emisiones de GEI totales de Asturias están vinculadas a la quema de combustibles fósiles en la industria y el 11,3 % de GEI de Asturias son generados en procesos industriales en los que se producen reacciones químicas cuyo resultado es el CO2, el N2O o los compuestos fluorados, como es el caso de la industria del cemento, del acero o de los fertilizantes.
Para establecer una hoja de ruta regional, el año pasado, el Principado aprobó La Estrategia de Acción por el Clima en Asturias 2023-2030, un plan diseñado para abordar los desafíos del cambio climático en la región. Además, se creó la Comisión de Coordinación de Acción por el Clima, un órgano interdepartamental del Principado nacido con el fin de asesorar sobre el cambio climático, analizar las medidas para la transición ecológica e identificar oportunidades tecnológicas y de captación de financiación.
Tomando como referencia el análisis sectorial de las emisiones regionales de GEI, la estrategia plantea dos retos fundamentales: avanzar hacia una economía asturiana descarbonizada y circular a través de una transición justa, y minimizar la vulnerabilidad del territorio y de la sociedad asturiana frente a los efectos negativos del cambio climático. Para ello engloba 10 ámbitos sectoriales de actuación con 125 medidas propuestas.
Pero, más allá de estas propuestas de intenciones, análisis socioeconómicos y comisiones, es difícil encontrar algún informe que refleje como nuestra industria regional emisiva se va a ver afectada por las revisiones periódicas del Sistema de comercio de emisiones de la UE (EU ETS), donde paulatinamente se irán reduciendo las asignaciones, gratuitas y no, de derechos de emisión a empresas e industrias, teniendo que incurrir en un aumento de costes (precio hoy a 55,93 €/ton CO2) y lastrando su competitividad o fomentando estrategias basadas en deslocalizaciones hacia países menos impositivos medioambientalmente.
Es prioritario que nuestros dirigentes políticos y empresariales, tomen conciencia del camino marcado por la agenda de la UE en reducción de emisiones, y como actualmente afecta directamente a la competitividad de nuestras empresas cada día en más sectores. Recientemente se ha incluido el transporte marítimo o aéreo.
No es cuestión solamente de valorar cuantía y procedencia de las emisiones, es cuestión de incentivar y apoyar las inversiones a las que se verán sometidos diversos sectores industriales, si o si, para seguir manteniendo su actividad. Véase Alemania. Es cuestión de analizar la repercusión económica en empresas y en PIB regional de esta agenda de descarbonización. De crear nuevas oportunidades de mercado, nuevos sectores de actividad nacidos del desarrollo de una cadena de valor y un ecosistema industrial de procesos de captura de emisiones de GEI.
¿Que tecnologías de captura de carbono se adaptan mejor a los distintos sectores de actividad afectados por la agenda climática? ¿Existen programas que incentiven la investigación y el desarrollo de sistemas CCUS adaptados a los distintos tipos de emisiones industriales regionales? ¿Se ha pensado en exportar por ejemplo la tecnología de captura de CO2 que desarrolla el INCAR?
La descarbonización no es solo un desafío ambiental, es una oportunidad para la industria asturiana. No es cuestión de emisiones, es cuestión de inversiones. El futuro de la industria asturiana depende de ello.
Compartimos artículo de opinión de nuestro socio colaborador Felipe G. Coto.
Felipe G. Coto
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