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Jonás Fernández, socio colaborador CAXXI

Publicado en La Nueva España 14/07/2021

Ayer, martes 13 de julio, el Consejo de la UE, que reúne a los ministros de Economía y Hacienda de los Veintisiete, aprobaba finalmente el Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tras el informe positivo previo de la Comisión. Se habilitaba, pues, a transferir de inmediato los primeros 9.000 millones de euros de los más de 70.000 que nuestro país recibirá en los próximos dos años y medio en subvenciones directas. También ayer se anunciaba, en presencia de Pedro Sánchez y Adrián Barbón, los 1.000 millones de euros que Arcelor Mittal invertirá en sus factorías asturianas. El fin de esta inversión es avanzar en la producción de acero verde y reducir las emisiones en un 50 por ciento en los próximos años. Excelentes noticias para Asturias.

Asimismo, en el día de hoy, miércoles 14 de julio, la Comisión Europea hará público un paquete de medidas legislativas, conocido como “Fit for 55”, para orientar nuestra economía hacia la neutralidad climática en 2050. El Parlamento y el Consejo de la UE deberán pronunciarse ahora sobre estas propuestas legislativas, que incluye el nuevo reglamento para poner en planta el sistema de ajuste del CO2 en frontera.

Este mecanismo de ajuste tiene por objetivo incorporar a los precios de los bienes importados los costes que las empresas europeas afrontan por sus propias emisiones, en virtud del mercado europeo de derechos de emisión. La razón última de este instrumento es asegurarnos de que los esfuerzos europeos para reducir las emisiones tendrán un impacto cierto sobre las emisiones globales. En la actualidad, sin mecanismo en frontera alguno, la creciente regulación europea podría acabar por desplazar la producción a terceras jurisdicciones sin apenas control ambiental y, por ende, contribuyendo de facto al aumento de las emisiones.

Esta realidad se constató en pleno cierre de las plantas térmicas de Lada y Soto de la Barca, cuyas inversiones alternativas de esas empresas energéticas estamos esperando, a la vez que España aumentaba la importación de energía eléctrica de Marruecos, donde se había inaugurado una nueva plata también térmica que emitía tres veces más de CO2 por unidad energética. Un ejemplo práctico de la necesidad de este instrumento, no ya sólo para garantizar la igualdad de condiciones competitivas entre nuestra industria y la no comunitaria, sino esencialmente para contribuir a una reducción efectiva de las emisiones globales.

La propuesta comenzó a circular por Bruselas a finales de la pasada legislatura, con elevadas reticencias de los colegas que se ocupaban de las relaciones comerciales, preocupados porque esta medida pudiera disparar guerras arancelarías de infaustos resultados. Así pues, este instrumento debería acomodarse al marco global de la Organización Mundial de Comercio. En todo caso, los socialistas nos comprometidos con la viabilidad de este mecanismo en las pasadas elecciones europeas y lo incorporamos al acuerdo para la investidura de Ursula von der Leyen.

A continuación, el acuerdo para emitir 750.000 millones de euros para financiar la recuperación mediante el Next Generation EU catalizó también un pacto complementario esencial: configurar una cesta de recursos propios europeos que permitiera amortizar esa deuda de manera mancomunada. Los ingresos del Mecanismo de Ajuste del CO2 en Frontera contribuirían así a esa misión y Comisión, Parlamento y Consejo de la UE se comprometieron a tener operativo el sistema a 1 de enero de 2023, con una fecha también concreta para la publicación de la propuesta por parte de la Comisión, que hoy conoceremos.

En las últimas semanas se han venido filtrando algunos detalles del mecanismo de ajuste de carbono en frontera y, si bien, hasta que no podamos leer la propuesta a fondo no tendremos un juicio certero y enmiendas preparadas, algunas cosas pueden ir adelantándose. En principio, parece que este instrumento cubriría las importaciones de acero, cemento, fertilizantes, aluminio, hierro y el sector energético. Este paraguas parece razonable para los intereses de Asturias. Por otra parte, apenas podemos adelantar nada sobre la logística de implementación de este ajuste. Sí parece que el sistema de ajuste va a convivir durante un tiempo con el reparto gratuito de derechos de emisión. Y este es tema central en el debate.

En estos momentos, la industria recibe un reparto gratuito de derechos de emisión, en principio para cubrir los problemas de competencia desleal de las empresas no europeas, un sistema que no se ha mostrado útil. Asimismo, este reparto no puede mantenerse indefinidamente con el ajuste en frontera, dado que, en tal caso, no se cumpliría con la regulación de la Organización Mundial de Comercio. Se podría interpretar que el ajuste y el reparto gratuito de derechos suponen dos elementos de ayudas de Estado combinados para mitigar un único problema. De este modo, previsiblemente, la propuesta podría contemplar un periodo de entorno a una década en el cual el reparto gratuito se fuera reduciendo, a la par que el Mecanismo de Ajuste se fuera implementando, y testando en la vida real, hasta alcanzar la velocidad de crucero en esos diez años. En todo caso, todo ello estará en la negociación de Parlamento y Consejo.

Con todo, el paquete que se conocerá hoy, incorpora otras doce propuestas legislativas adicionales, todas ellas dirigidas a cumplir con el propósito de la reciente aprobada Ley europea del Clima, que fija esa reducción del 55 por ciento de emisiones a 2030, para avanzar hacia la neutralidad en 2050. En ese sentido, parece que la Comisión quiere ampliar los sectores bajo el mercado de derechos de emisión, sumando la vivienda y el transporte. También se espera una revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, modificaciones de las directivas sobre energías renovables y eficiencia energética, actualización de la normativa sobre combustibles de aviación y transporte marítimo, y sobre el despliegue de las infraestructuras de combustibles alternativos, entre otras medidas. Estamos, pues, ante el grueso de las propuestas legislativas de la Comisión para dar una continuidad al desarrollo del Pacto Verde Europeo.

Muchas de estas propuestas tienen efectos redistributivos regresivos que no debemos ocultar y que será necesario eliminar. En este sentido, parece que la Comisión podría incorporar también al paquete una propuesta para la creación de un Fondo Social para contener los efectos negativos sobre los hogares humildes. Se rumorea que la Comisión propondrá que un 20 por ciento de los ingresos por la venta de los derechos de emisión fondeen este instrumento, que podría acumular varias decenas de miles de millones de euros. Veremos.

En el último mes, Parlamento y Consejo han cerrado ya todo el marco legislativo del Mecanismo de Transición Justa. El Gobierno del Principado de Asturias está trabajando con el Gobierno central para presentar ante la Comisión el plan de transición que permitirá a nuestra región tener acceso al Fondo de Transición Justa (cerca de 800 millones para España), la Facilidad para inversiones públicas (más de 470 millones para nuestro país) y una vía preferencial al InvestEU para inversiones privadas, que podría ofrecer más de 25.000 millones para las regiones en transición. Asturias debería captar una buena de esta financiación, que se une a lo que recibiremos a través del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La transición de la economía europea se promete complicada, pero también esperanzadora. Como eurodiputado asturiano, seguiré desde el Parlamento defendiendo nuestros intereses. Adelante.

Jonás Fernández