Blog

Nuestros socios colaboradores Jonás Fernández y Susana Solis aportan dos perspectivas sobre el caso de Arcelor Mittal.

Arcelor Mittal: pacta sunt servanda

El martes 13 de julio 2021, entre la reunión matutina de los portavoces de los grupos parlamentarios del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios y la comparecencia de Nadia Calviño esa tarde en el mismo Comité del Parlamento Europeo, hice hueco en mi agenda para seguir desde mi despacho a través de la televisión la rueda de prensa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, junto al jefe del ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, con el presidente de Arcelor Mittal, Lakshmi Mittal, y su consejero delegado, Aditya Mittal. El acto daba formalidad a la firma del Memorando de Entendimiento con el que se iniciaba la descarbonización de la producción de acero en Asturias. Arcelor informaba que las nuevas inversiones permitirían reducir las emisiones de carbono en torno a un 50 por ciento en cinco años, cumpliendo así con los compromisos europeos alcanzados en la Cumbre de Paris para la reducción de las emisiones a 2030 en tal porcentaje, y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050. Para ello, se anunciaba una inversión de unos 1.000 millones de euros, la mitad de los cuales serían aportados por las autoridades públicas españolas, previa aprobación de la Comisión Europea. Una noticia fundamental y esperanzadora para el futuro de Asturias. Y desde entonces, todos nos pusimos a trabajar para dar cumplimiento a tal compromiso.

Por mi parte, en el Parlamento estábamos discutiendo entonces el reglamento que pondría en marcha un sistema pionero en el mundo para forzar que las importaciones industriales que llegaran a Europa soportaran idénticos costes a los que las compañías europeas hacían frente para reducir las emisiones de carbono. Además, discutíamos también la revisión del mercado europeo de derechos de emisión con impacto directo sobre compañías como Arcelor. De manera paralela, el Parlamento trabajaba en la revisión del marco regulatorio del Fondo de Innovación y otras propuestas sobre economía circular, que afectaban también a la compañía acerera y que podrían, si salían mal, comprometer los planes de inversión para Asturias. Meses antes habíamos cerrado ya el reglamento para viabilizar el grueso de los recursos del Next Generation EU a través los planes nacionales de recuperación y resiliencia que dieron lugar a los PERTE’s en nuestro país, entre ellos el destinado a la descarbonización, y seguíamos aun esforzándonos en adaptar el Mecanismo de Transición Justa a la realidad de Asturias. Asimismo, la flexibilización del marco de ayudas de Estado debía facilitar la aprobación por parte de la Comisión del respaldo a la inversión de Arcelor en nuestra comunidad.

Recuerdo perfectamente cada votación, cada enmienda conflictiva, entre otras cosas porque Arcelor Mittal me hacía llegar sus opiniones, siempre ponderadas por mí en la medida que afectaban a la actualización de nuestra acería insigne. Así, el 11 de junio de 2022 escribía en esta misma tribuna “Arancel ambiental, sí; pero no así” donde daba cuenta de la votación caótica del pleno del Parlamento sobre la creación del “mecanismo de ajuste en frontera” y sobre la actualización del mercado de derechos de emisión (ETS), en la que por apenas once votos evitamos que se tomara como referencia a la hora de asignar derechos gratuitos una planta que la propia Arcelor tiene en Alemania, que hubiera supuesto una pérdida extraordinaria de recursos para la compañía, o la revisión de la fecha de límite en el reparto de derechos gratuitos, que había propuesto el Comité de Medio Ambiente, por la misma diferencia en un pleno de más de 700 diputados. Esas victorias parlamentarias no fueron fáciles de lograr, y exigió la activación de redes de diputados de regiones industriales votando coordinadamente y con independencia de las recomendaciones de voto que los grupos parlamentarios europeas habían fijado. Esa negociación continuó después con el Consejo hasta finales del ejercicio que terminó con éxito.

El nuevo año se inició, tras una nueva reunión de Pedro Sánchez y Lakshmi Mittal en Davos, con la aprobación por parte de la Comisión de los 460 millones de euros de ayuda, a cargo del Next Generation EU. Y poco después, el gobierno español aprobó finalmente en abril la concesión de la ayuda comprometida en el Memorando de Entendimiento.

Cabe destacar también el esfuerzo de los sindicatos en Arcelor Mittal, UGT y CCOO, negociando distintos ERE’s y soluciones ante las vicisitudes de estos años, entre ellas el incendio del horno alto A en Veriña en marzo del pasado año, aunque lamentamos las últimas decisiones unilaterales de la compañía. Así pues, todo el esfuerzo en los ámbitos regional, nacional, europeo y sindical para cumplir lo acordado hizo posible que, en la pasada primavera, el marco regulatorio, presupuestario y social quedara dispuesto para que Arcelor Mittal iniciara el proyecto, que se ha venido retrasando desde entonces, alegando ahora problemas relacionados con el precio de la energía, una situación que no ha cambiado sensiblemente, por cierto, desde la firma del Memorando hasta hoy.

Sobre este último tema, trabajar en el Parlamento Europeo te facilita conocer con mayor detalle esas diferencias de costes entre los países y los distintos argumentos que se utilizan en unos y otros sitios. Así, mis colegas alemanes se quejan de los menores costes salariales de otras jurisdicciones y de sus también elevados costes energéticos, los franceses insisten en los costes sociales que afrontan sus compañías, o los italianos se quejan de todo ello y al mismo tiempo. En este sentido, y sin pretender desautorizar completamente a quienes aducen los problemas derivados de los diferenciales de algunos costes entre países, las casuísticas son tales que las empresas del sector privado solicitan a cada país el trato más favorable que otorga un tercero en cada una de las áreas en las que saldría favorecida, dando por hecho los beneficios que ya obtienen en otros asuntos por otras vías.

Dicho esto, el proceso de descarbonización de la producción eléctrica ha ido más rápido en España que en otros países, generando costes que no hemos logrado subsanar completamente, y Asturias es testigo de ello. Ahora bien, ese camino nos ofrece precios eléctricos más reducidos en el medio plazo, algo que ya observamos, por cierto, en el mercado mayorista. Además, los contratos a largo plazo que reivindica ahora la patronal electrointensiva están ya presentes en la revisión del mercado eléctrico, aprobados por el Parlamento y el Consejo el pasado diciembre, y aunque hasta ahora no hayan sido atractivos, como reconocía el director de la Asociación de Empresas Electrointesivas, Pedro González, en una entrevista en este diario el pasado 21 de enero, quizá empiecen a serlo. Sin duda, hay asuntos donde las autoridades públicas pueden, podemos, hacer más para apoyar la transición hacia una economía verde, pero la tensión permanente sobre esos mismos responsables debe tener también un límite.

Confiemos, pues, en la implementación del Memorando de Entendimiento firmado entre Arcelor Mittal y el gobierno de España, después de los esfuerzos ímprobos de todos los agentes, políticos y sociales, en estos años. Pacta sunt servanda.

Jonás Fernández

Eurodiputado Parlamento Europeo

Socio colaborador y mentor e CAXXI

Publicado el 01/02/2024 👉LNE

Energía: equivocarse cuesta muy caro

Hablemos hoy sobre por qué, a veces, equivocarse sale caro. Y más en cuestiones energéticas.

Los medios de Asturias han recogido en los últimos días el acuerdo entre la multinacional siderúrgica ArcelorMittal y EDF. Esta última es la empresa estatal francesa de servicios eléctricos que va a garantizar un acuerdo energético favorable a ArcelorMittal para realizar inversiones en los altos hornos del norte de Francia, inversiones similares a las que ahora están paradas en la planta de Asturias por falta de soluciones en el precio de la energía. En otras palabras, un subsidio energético francés, gracias a la energía nuclear que aquí demoniza el gobierno, hace que Arcelor invierta en descarbonización en Francia -y no en España.

Sin una política energética nacional no habrá inversiones en la industria. Malo para Asturias, malo para España. Y los primeros que toman nota de ello son los inversores, que se dirigen a nuestros países vecinos donde sí les garantizan unos precios de la energía bajos y estables.

La noticia coincide con el dato de que los precios de la electricidad en 2023 han sido más bajos en España que en Francia y Alemania. Y la tendencia se mantuvo en enero: el coste fue de 73,76 euros/MWh, un 3,5% inferior al de Alemania y un 3,7% menor que el de Francia. Todo apunta a una posible futura reducción de precios, si se mantiene el mix energético de alto porcentaje de renovables y energía nuclear. Por fin, podríamos darle la vuelta a nuestra eterna desventaja competitiva con unos precios más competitivos en España.

En estas circunstancias, nadie entiende que el Gobierno de España haya anunciado el cierre de las nucleares, sacando a esta energía barata de la ecuación. Sin nuclear, se necesitará un mayor uso de gas y ya sabemos lo que pasará con los precios: la subida la acabaremos pagando todos los ciudadanos.

Extender la vida de una central nuclear, a pesar del populismo que habla de los muchos millones que costaría, saldría barato en unidad de electricidad consumida. Los datos del último informe de Lazard indican que costaría en torno a los 31€/MWh, un precio muy bajo en comparación con los 74€/MWh del precio medio del mercado de enero. Y es que tanto en el caso del agua con la gestión de la sequía como en el de la energía no se puede renunciar a ninguna fuente de generación por razones ideológicas. El sectarismo energético nos costará caro.
En el caso de la nuclear francesa, Macron ha logrado sacar pecho desde Bruselas hasta París al poder intervenir el precio de la energía con sus centrales nucleares consiguiendo unos precios de la electricidad reducidos para su industria. Y esto digámoslo claro: nuestros vecinos han conseguido colgarse esta medalla porque así se lo ha permitido España mientras presidía las negociaciones de la Reforma del Mercado Eléctrico en el Consejo de la UE.

A ello hay que añadir el desamparo de la industria española, con un estatuto del consumidor electrointensivo con un tope de ayudas muy por debajo del que permite la Comisión Europea y con menores compensaciones que nuestros países vecinos.

Retomemos la noticia de ArcelorMittal porque ilustra bien la cuestión francoespañola. Una empresa que cuenta con demanda de acero en España, tanto para la construcción de aerogeneradores como de la industria del automóvil, que tiene una salida al mar para exportar, y que se beneficiaría de la tendencia de coste energético más bajo, se ve gravemente amenazada por una decisión ideológica –eliminar la nuclear– y por la voracidad de querer recaudar más y más impuestos hasta el punto de que ciertas inversiones no sean competitivas.

¿Y qué opina el Gobierno sobre esto? Jordi Hereu, ministro de Industria, acaba de asegurar que la reindustrialización es “muy importante”. Como declaración, puede valer. La ley de Industria que ha anunciado es, sin duda, muy necesaria. Pero olvida mencionar que se trata de la transposición de la Ley de Industria europea que acabamos de aprobar en el Parlamento Europeo. Una legislación en la que llevamos trabajando desde hace un año para dar respuesta a la pérdida de competitividad de la industria europea. En ella ya definimos los proyectos de interés estratégico, una ventanilla única, la aceleración de permisos y un consejo estatal de política industrial.

Si hay una mala gestión del Gobierno en este campo, si se imponen los prejuicios ideológicos y las concesiones a los socios también en política energética, y si en lugar de ayudas hay racanería, las empresas jugarán en España en peores condiciones que en la UE.

Así de sencillo. Estaremos cometiendo un claro error estratégico. Estaremos echando por tierra la posibilidad de facilitar la competitividad de nuestra industria en los planes de descarbonización. Confiemos en que la situación de ArcelorMittal no se repita ni se extienda a otras electrointensivas. De lo contrario, pagaremos un precio muy caro, quizá irreversible.

Susana Solís

Eurodiputada del Parlamento Europeo

Socia Colaboradora y mentora en CAXXI

Publicado 08/02/2024 👉 LNE